El peligro del presidencialismo mexicano en la coyuntura actual

Escribo sobre esto dada la coyuntura por la que estamos pasando en nuestro país, tal vez ayude a comprender parte de la problemática y, por qué no, otros podrán encontrar analogías en su propia nación. La crítica la haré en relación con la rendición de cuentas que hace el Ejecutivo ante el Congreso.

Primero tratemos de definir el término.

Presidencialista es una de las variantes que puede asumir una República. Esta es una forma de gobierno en la que quienes encabezan al Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen, entre otras características, temporalidad limitada en sus respectivos cargos a parte de que, a la vez, son electos a criterios de diversos principios democráticos, ya sea porque lo han sido a través del sistema de partidos (Ejecutivo y Legislativo) por los ciudadanos o porque intervienen varios Poderes en dicha elección (Ternas propuestas por el Presidente al Senado).

Luego, se le llama presidencial, o presidencialista, a la República que está política y jurídicamente organizada de tal forma que las decisiones en la conformación del gabinete y en la toma decisiones dependen, en gran medida, de la iniciativa de quien encabeza el mal llamado Poder Ejecutivo en su doble faceta, es decir, tanto en la función administrativa como en la, estricto sensu, ejecutiva.

Si bien el Legislativo interviene junto con el Presidente, también llamado “Mandatario” por ser análoga a la figura homónima del Derecho Civil,  en los nombramientos de varios funcionarios públicos, no obsta para considerar mal repartida políticamente la gestión y responsabilidad entre los tres Poderes. Haciendo hincapié en el que es objeto del presente.

No olvidemos considerar que la naturaleza de las tres funciones estatales exige criterios de medición distinta en términos de su cumplimiento temporal, ya que la modificación de las leyes no se debe de hacer con la misma frecuencia que la toma de decisiones de la Secretaria de Gobernación, por poner un ejemplo, pero no es obstáculo para atribuir responsabilidad jurídica o, por lo menos, política a la actuación del titular del Ejecutivo, más allá de las declaraciones de rendición de cuentas. El titular del Poder Ejecutivo es quien tiene que notificar de su actuación inmediata a través de los servicios de comunicación con los que cuenta y de la mediación masiva que es capaz de impulsar, pero se debe también incluir al Legislativo para efectos no solo políticos sino jurídicos.

En la actualidad estamos ante el aumento del presidencialismo no en el sentido originalmente comentado, como modalidad de la República, sino en la toma de poder de facto, pero con las mismas atribuciones legales. Esta extralimitación se debe a la ausencia de oposición política partidista en ambas Cámaras, es decir, sí existe oposición, pero no la suficiente, para ser más claros. Este es un factor político atribuible a la oposición misma y que no limita la actuación del Ejecutivo en su ámbito de competencia legal.

El hecho de que en la glosa del Informe de Gobierno los titulares de las diversas Secretarías de Estado comparezcan ante el Legislativo, si bien es un ejercicio democrático de rendición de cuentas, no lo es en cuanto a la limitación de la obtención de resultados ya sea positivos o no, es decir, el ejercicio de un presupuesto y de determinadas directivas en una política pública no es interrumpido, a pesar de ser contrariado no solo por ideas de oposición sino por la misma realidad, a menos de que haya un Juicio Político o de Procedencia en contra que amerite la suspensión de su ejecución.

El anterior es precisamente el defecto no de someter a análisis del Legislativo las funciones del Ejecutivo, sino de ser solo posible el conocimiento de lo actuado y continuado, pero, en los hechos, resultar inviable detenerlo o rectificarlo, excepción hecha en el Presupuesto de Egresos y de Ingresos.

Una de tantas propuestas de solución a la insuficiente rendición de cuentas y de actuación es la modificación legal de la integración del Ejecutivo en su administración centralizada, es decir, en vez de que sea solo el Presidente de la República el que designa directamente a los titulares de las Secretarías de Estado, que intervenga la Cámara de Senadores no solo en el nombramiento sino en la permanencia en sus cargos. Con esto es factible, a la vez, reglamentar dicha función legislativa a través de un catálogo de asuntos cuyo incumplimiento amerite no solo la reconvención verbal oficial, la cual ya sucede, sino la separación del cargo y, por qué no, la atribución de responsabilidad penal una vez hecho lo anterior.

La facultad discrecional que tiene el Presidente de la República de remover a los Secretarios de Estado, sin ninguna limitación a su ejercicio por parte del Legislativo, deja en una posición precaria al llamado sistema de rendición de cuentas.

Para lo anterior, pongo el ejemplo más sencillo por ser evidente dada su actualidad: ¿Qué hacer ante la gestión de Hugo López-Gatell?

Ya compareció ante el Senado de la República al igual que lo hizo el Secretario de Salud Jorge Carlos Alcocer ¿Lo van separar del cargo dada la pésima política de salud derivada de la atención a la pandemia causada por el Covid-19?

Consumo y Covid19

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